AREPO acoge con satisfacción la adopción por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo del texto consolidado del proyecto de reglamento para la política de información y promoción de los productos agrícolas. La rapidez con la que se ha llegado a un acuerdo entre las instituciones europeas, a tan sólo cinco meses de la presentación de la propuesta por parte de la Comisión, evidencia la importancia otorgada a esta política, para aumentar y mejorar la competitividad de la agricultura europea. El nuevo Reglamento prevé un aumento progresivo de los recursos disponibles, desde 61 millones previstos para el 2014 a 200 millones para el 2020.
El Presidente de AREPO, Tiberio Rabboni, se ha declarado satisfecho por el reconocimiento de la importancia de las indicaciones geográficas. De hecho, la propuesta define la promoción de los sistemas de calidad como una prioridad clave, para mejorar el conocimiento de los consumidores sobre las características de estos productos. En este sentido, se introduce por la primera vez la oportunidad de mencionar el origen de los productos en las campañas de promoción. Otro elemento importante, acogido positivamente por AREPO, es la inclusión de las organizaciones de productores como beneficiarios de la política de promoción.
AREPO reconoce también la importancia del acuerdo alcanzado en el Trílogo. Gracias a la posición del Parlamento Europeo, se ha llegado a una propuesta mejorada y más equilibrada. La posibilidad por el vino de acceder de manera independiente a la financiación de programas de promoción y la contribución financiera de la Unión han sido los puntos centrales de la negociación. Si bien no se ha reintroducido la cofinanciación de los Estados miembros y/o de las regiones, esta falta ha sido parcialmente compensada por el incremento de la financiación comunitaria, aumentada a un 70% en el caso de programas simples en el mercado interior y a un 80% para programas múltiples en el mercado interior y para todos los programas en terceros países. La reducción de la carga financiera para los beneficiarios finales es un elemento clave para garantizar un trato justo a las pequeñas y medianas empresas.
